Medidas que pueden implementarse por vía administrativa, y no necesariamente a través de nuevos proyectos de ley, son parte de las propuestas en protección de la infancia que un equipo de expertos del Centro de Políticas Públicas UC presentará al gobierno y discutirá hoy en el Centro de Extensión de esa casa de estudios.
La idea es incorporar, con sentido de urgencia, 10 medidas (ver listado) que mejoren la calidad de vida de los niños que viven en las residencias de la red del (Sename), y que si bien representan un porcentaje menor (2,3%) de la población infantil, son los más pobres y vulnerados en su derecho a una vida protegida y un desarrollo óptimo.
Según el estudio, un 44% de estos menores ha sido víctima de algún maltrato y un 10% ha sido abusado sexualmente, resultando paradójico para los expertos que la institución que debe protegerlos y restituir sus derechos, sea la que perpetúa su situación de vulneración y desventaja.
En forma paralela, el ingreso desde 2015 de seis proyectos al Congreso, que buscan mejorar el sistema de protección de la niñez, siguen sin aprobarse. “Lamentablemente, nos hemos quedado empantanados en una discusión ideológica en la Cámara, y mientras tanto siguen vulnerándose los derechos de los niños en las residencias. El tiempo pasa y si no intervenimos ahora a estos menores, entre los cero y ocho años, la posibilidad de recuperarlos se reduce al mínimo”, advierte Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.
Para remediar esta crisis, entre las medidas más urgentes estudiadas por expertos en trabajo social, economía, sicología, derecho, medicina y gobierno de la UC que participaron en el estudio, está aumentar la subvención que entrega el Estado a las residencias especializadas, para pasar en un plazo de tres años de $ 262 mil por niño al mes a $ 800 mil. Si bien la cifra no es la óptima, estaría aterrizada a la realidad nacional y la factibilidad de aprobarse administrativamente (sin un proyecto de ley) vía glosa , en la discusión del presupuesto nacional que comienza ahora en octubre. “Estamos hablando de fondos muy menores en el contexto del gasto público y completamente abordables, y aún así estaríamos bajo los estándares internacionales óptimos”, señala Irarrázaval.
Como consecuencia, varias organizaciones de la sociedad civil se estarían retirando de las licitaciones como proveedores de servicios para el Sename. Es el caso de Fundación María Ayuda, que acaba de cerrar dos hogares en Concepción. “Es inconcebible que tengamos que cerrar dos centros muy bien evaluados por falta de recursos. Una persona en la cárcel gasta $ 600 mil, por lo tanto, $ 800 mil no es un volumen significativo para el Estado. Es, en consecuencia, una decisión política y no presupuestaria. El Sename aumentó las exigencias en los programas, y nos parece bien, pero no lo aparejó con más presupuesto”, advierte Ximena Calcagni, subdirectora nacional de María Ayuda.
Supervisión
La UC propone que este aumento en la subvención vaya unido a un mejor sistema de control de los recursos y de las prestaciones, función que debiera estar en manos de una agencia externa, y no a cargo del Servicio, como ocurre hoy. “La supervisión tiene que ser independiente, el Sename no puede ser juez y parte de las políticas que diseña. Tiene que ser un externo el que las valide en relación a estándares internacionales”, agrega Alejandra Riveros, directora de abogacía de Fundación Aldeas S.O.S.
En ese sentido, se propone revisar el sistema de licitaciones para incentivar el ingreso de nuevos prestadores privados. Se sugiere que en el futuro el Sename proporcione la infraestructura y se licite únicamente la gestión de los centros.
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, concuerda con esta medida, e incluso es partidario de la concesión total del servicio. “Se puede construir una oferta, ya sea pública o privada, con estándares de calidad que permitan licitar la gestión a entidades que lo hacen bien, pero cuya barrera de entrada hoy es no contar con ese tipo de infraestructura (de alto estándar), pero que sí tienen los equipos humanos y terapéuticos para hacer un buen trabajo”, argumenta Chávez.
Para el directivo, si bien esta medida podría ser un aporte para mejorar el sistema de protección, la ley de subvenciones y el sistema de licitaciones son los grandes ausentes en la discusión parlamentaria.
Carolina Salinas, abogada de familia de la Facultad de Derecho de la UC y panelista del estudio concuerda con Chávez. “De los seis proyectos en el Congreso, ninguno aborda las subvenciones. Hoy, las licitaciones son solo por dos años, entonces las instituciones no saben si tendrán recursos para seguir, de esa manera, ¿cómo contratan buenos profesionales? No hay que perder el foco, la responsabilidad primera y última es del Estado, y las organizaciones no tendrían por qué andar haciendo colectas para financiarse”.
Para Salinas, la protección de los niños es el rol estatal que no se ha cumplido en forma adecuada, pues el actual sistema de protección no solo no repara la vulneración, sino que separa a los niños de su entorno, transgrediendo el derecho a estar en familia.
“Paramos la vulneración al sacar al niño de su familia, pero vulneramos otros derechos en las residencias sin que se restituya el daño. Es paradójico”, explica Salinas.
Así, enviar un niño a una residencia debiera darse idealmente en última instancia, y solo en forma transitoria. A esto se sumaría la incapacidad del sistema para entregar las prestaciones de salud y educación que los niños institucionalizados necesitan.
Según el estudio, una forma de garantizar estos derechos es crear un catálogo de prestaciones, similar al GES, que asegure un acceso mínimo de atenciones, en especial, las de salud mental. En este sentido, si el sistema público no es capaz de entregar la atención requerida, el Estado debe financiarlas mediante el pago a prestadores privados.
“Cuando un niño es removido de su hogar tiene problemas de salud mental que requieren servicios muy especializados, y el servicio público no tiene cómo atender a los menores descompensados, que son difíciles de controlar o tienen ideación suicida. No es solo un problema del Sename, sino del Estado, en ese sentido, el Minsal tiene que preocuparse de contar con más siquiatras infanto-juveniles, y también el Mineduc evitar que estos niños sean segregados en las escuelas”, plantea Carolina Muñoz, académica de la Escuela de Trabajo Social de la UC.
Muñoz enfatiza, en términos de medidas estructurales, el trabajo preventivo, pues el sistema de protección se activa solo después de ocurrida una denuncia en los tribunales.
Fuente:
http://www.latercera.com/noticia/las-10-medidas-propuestas-saldar-la-deuda-la-infancia-vulnerada-chile/
